Se ha convertido en una voz popular, que en la mayoría de instituciones públicas, colocan a gente con poca o nula experiencia y solo para satisfacer pagos o favores políticos.
El archivo de protocolos delegación de Jalapa, no es la excepción, y se ha convertido no en una oficina de apoyo profesional, sino de obstáculo al ejercicio de la misma, y por ende a la solución de los problemas de la población en general, que son los usuarios.
El personal de dicha delegación, con un criterio que no consta en la ley, y formando sus propios criterios de aplicación, resuelve las peticiones de los usuarios, a su conveniencia, creando sus propios criterios y con ello obstaculizando el libre ejercicio de los derechos reglados en el ámbito de la documentación que debe registrar y conocer.
Pero eso se da en el marco del abuso sistemático de poder, del cual las instituciones del Estado, no son ajenas, y, por lo tanto, en caso de alguna queja o duda, se amparan en la protección sistemática y criminal de sus superiores, como sucede en dicha delegación.
El caso es que, el pueblo de Jalapa, exige un compromiso serio y entregado, de los trabajadores de esa delegación de la Corte Suprema de Justicia, y que se apegue a la ley, sus aplicaciones jurídicas, y no solo a criterios espurios, vagos y con abuso de autoridad.
Que no se inventen requisitos e interpretaciones vacías, que solo generan incumplimiento de sus deberes y actos reñidos con la ley.
Pero si es el caso que hay demasiadas lagunas legales en las funciones regladas, entonces lo idóneo es pedir capacitaciones a donde corresponda o en su caso darle el espacio a personal que tenga la capacidad o experiencia para el desempeño del puesto.
En todo caso, se solicita que haya sentido común o será el pueblo quien pedirá cuentas de la administración.
