El Congreso aprobó el jueves una ley que regula las tarjetas de crédito, pero hay tema que causó discusiones.
Con la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito un tema que cobró relevancia fue la posibilidad de poner un tope a los intereses que cobran los emisores mensualmente.
El tema se discutió tanto fuera como dentro del hemiciclo parlamentario, pues diferentes sectores consideran necesaria una regulación para evitar abusos a los usuarios; sin embargo, ya hay un precedente al respecto.
Obviando esto, durante la sesión plenaria del jueves 15 de febrero se intentó establecer una tasa de interés máxima del 3 % al mes, pero varios diputados se opusieron. Tal decisión está vinculada con dos resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Esta es la enmienda que se sometió a votación dos veces en el pleno del Congreso, sin conseguir el apoyo suficiente en ninguna ocasión:
¿Cuál es el problema?
El diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), promovió con insistencia la aprobación de la mencionada enmienda, la cual proponía crear un artículo que no estaba contemplado originalmente en la iniciativa que dio vida a la Ley de Tarjetas de Crédito.
En su opinión, sin ponerle un tope a los intereses, la normativa solo sería “una carta de amor”, pues considera que es ese tema el que genera más endeudamiento entre quienes usan el dinero plástico.
Aunque en su último intento contó con el apoyo de 64 de sus colegas, miembros de la mayoría de bancadas calificaron esa “movida” como estrategia para impedir que la ley entrara en vigencia.
Esto se debe a que en 2016 la CC dejó en suspenso la primera norma que había aprobado el Legislativo para regular el servicio de las tarjetas de crédito, en 2015. Uno de los aspectos que tomó en cuenta fue precisamente haber puesto un límite a la tasa de interés anual que podrían cobrar los emisores.
El Banco de Guatemala (Banguat) fue una de las 14 entidades que accionó en aquel entonces contra ese apartado. “Es evidente la inconstitucionalidad y susceptible de causar daños irreparables”, planteó el ente ante la Corte.
Dos años después, en 2018, los magistrados finalmente declararon inconstitucional la normativa.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, los diputados acordaron no tocar el tema en la nueva ley. Por ello, recriminaron a Castillo y otros miembros del bloque UNE que intentaran incluir el artículo.
El tercer vicepresidente del Congreso, Nery Rodas, recordó las citadas resoluciones y añadió que “poner un tope al interés es algo que no se puede hacer, porque la CC ya emitió una opinión”. De hacerlo, alertó, se “pondría en riesgo a la ley”.
información tomada de Soy502
