Aspectos de ideología generan 80% de la conflictividad social contra distribución de energía, según Asíes

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El costo de la conflictividad asociado a las conexiones ilegales para consumo de energía en el país es de Q4 mil 394 millones, el 1.72% del producto interno bruto (PIB) según un análisis efectuado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Esa organización efectuó el estudio acerca de la estimación de costo del conflicto social en la distribución de energía del país que incluye un análisis acerca del origen de la conflictividad.

Menciona que, a mediano plazo, de no resolverse la situación actual, el impacto podría aumentar a Q14 mil 665.74 millones que llegaría a significar 5.75% del PIB. De este monto el 10% afectaría al sector de energía y el 90% al resto de sectores productivos del país.

Carmen Salguero analista en estudio de Asíes, evalúo los temas sociales.  Mencionó que la pobreza, falta de servicios y ausencia del Estado “son el caldo de cultivo” para los conflictos contra proyectos de electricidad.

El Estado de Guatemala ya fue desbordado y la conflictividad social contra la electricidad ya es un tema de ingobernabilidad, agrega Salguero.

“La protesta social ocurre en un ámbito de abandono, ausencia del Estado, donde las autoridades no tienen control del territorio, donde la reacción es absolutamente en crisis, reactiva y con pocos recursos”.  Por ello mencionó que urge que los tres poderes del Estado se preparen para conocer al respecto de la conflictividad y sus soluciones.

La experta explicó que el origen de la conflictividad en operaciones de distribución de energía eléctrica proviene en el 79.4% del aspecto ideológico, como conexiones ilegales y robo de energía detectada en unas 1 mil 300 comunidades, y que esas actividades son lideradas por grupos que se oponen a los proyectos.

Aparte está el aspecto económico en donde se detectó que el 20.10 porque indican que no tienen los recursos para pagar, y el 0.5% se debe a aspectos políticos y ambientales.

La conflictividad en contra de Energuate coincide en los departamentos en los cuales hay rechazo a hidroeléctricas entre estos Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Zacapa y San Marcos.

La conflictividad viene desde otras épocas, es dinámica, y ha cambiado con los años.

Se refiere que ya no solo se trata del manejo del costo social y de las variables de precariedad, sino que con el tiempo se han unido otros factores territoriales como el crimen organizado.

Dentro de su exposición en la actividad de Asíes, Salguero dijo por aparte que “hay actores que se han construido una nueva agenda desde el conflicto armado interno”.

Añadió que “la demanda por tierra son derechos legítimos de pueblos originarios, pero que han migrado a reclamos mucho más lucrativos, como Codeca, en este caso. Y colectivos como el Frente Nacional de Lucha, el conocido como Frena, y otros actores, que emergieron de las demandas del conflicto armado interno, que no están resueltas todavía, pero que han encontrado un conducto para agenciarse de espacios de poder y recursos”.

En otro parte de su exposición dijo que las conexiones ilegales son hasta 300 veces más rentables que la invasión de fincas y con resultados (ingresos) más rápidos.

Agregó datos como que hay 9 mil conflictos agrarios acumulados desde 1996 y que se puede observar que en muchas áreas de estas también surgieron conflictos contra el sector de energía, específicamente contra Energuate.

En 16 años Energuate ha pasado a tener 11 mil usuarios con conflictos a 349 mil en el 2017.

“Los conflictos agrarios se han trasladado al sector eléctrico” porque toma más tiempo resolverlos y tiene muchas implicaciones jurídicas, agregó Salguero.

La tasa de alumbrado público también es otra razón ya que 7 de cada 10 usuarios de Energuate pagan más por esa tasa que por el consumo propio.

La expositora añade que aparte de falta de presencia institucional del Estado en las comunidades, no se tienen protocolos ni recursos para atender la conflictividad, y tampoco un ente rector del Estado ya que se detectó que en cada mesa de diálogo se aglutinan hasta 20 representantes del Gobierno, lo cual genera costos.

Del 2012 a la fecha Energuate ha invertido Q21.8 millones anuales para participar en su modelo de diálogo y resolución de conflictos, y por parte del Estado se detectó que invirtió Q3 millones, lo cual suma 396 millones entre ambos. Aunque aclara que el monto del Estado les parece muy bajo.

Estimación del costo por sectores

Pablo Urrutia, analista de esa agrupación mencionó que estudiaron en el caso de Energuate, basándose en datos de 1 mil 888 comunidades de 163 municipios de 18 departamentos de los que cubre esa distribuidora.

Se determinó que Energuate pierde Q129.03 millones anuales por ese tipo de conflictividad.  Para todo el sector de electricidad el costo es Q465.79 millones (incluyendo el monto mencionado para Energuate).

El costo para el sector productivo en total es de Q3 mil 928.31 millones.

Sumadas ambas cifras se llega a los Q4 mil 394.10 millones tomando en cuenta el impacto que tiene en la productividad. La estimación no incluye las pérdidas de energía que se tienen por esa conflictividad.

La estimación del costo por sectores se deriva de la productividad que se deja de tener al no entrar a la economía los montos derivados del impacto de en la distribuidora de energía y en el sector eléctrico debido por conexiones ilegales generadas por la conflictividad social. Asíes estimó el siguiente impacto

  • Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Q675.21 millones
  • Servicios privados, Q635.21 millones
  • Industrias manufactureras, Q559.73 millones
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, Q485.31 millones
  • Energía, Q465.79 millones
  • Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares, Q430.10 millones
  • Comercio al por mayor y al por menor, Q394.32 millones
  • Administración pública y defensa, Q370.14 millones
  • Alquiler de vivienda, Q349.90 millones
  • Explotación de minas y canteras, Q28.39 millones

Energuate pide apoyo del Estado

Según el vocero de Energuate, Mynor Amézquita, la firma pierde al año US$50 millones (Q386 millones) por la conflictividad e indica que no sabe a qué se debe la diferencia del monto estimado por Asíes.

Sin embargo, Urrutia mencionó en la exposición que los cálculos de ese ente no incluyen las pérdidas de energía.

Coincide con los departamentos que poseen áreas en conflicto, y explicó que, aunque en Alta Verapaz hay mayor número de usuarios en conflicto, pero no tienen alto consumo.

Amézquita agregó que han tenido el apoyo de la Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional, el cual a su criterio es necesario para seguir resolviendo cada caso.

Incluso en cada comunidad podría necesitarse un trato diferente.

Mencionó que cada área es diferente ya que por ejemplo en la comunidad San Juan La Gloria, Tiquisate descubrieron que uno de cada dos clientes tiene conexión ilegal.

Salguero mencionó, por ejemplo, que las comunidades con cero por ciento de conexiones ilegales mantienen un promedio de deuda a la distribuidora de 17% mientras que en las que tienen 100% de conexiones ilegales sube el promedio de deuda a 89%. La deuda explicada por la conflictividad significa Q110 millones durante el período de análisis (de agosto a octubre del 2018).

Información tomada de prensalibre.com

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