Las 10 cosas que molestaron de Cicig al Gobierno

0
31

El domingo 27 de agosto, el presidente Jimmy Morales dijo  que declaraba no grato al comisionado Iván Velásquez porque había presionado por las reformas constitucionales, y porque no respetaba el derecho de presunción de inocencia.

Pero hay más razones que poco a poco salen a la luz, al menos ocho más, y varias alcanzan al Ministerio Público (MP).

Por ahora, el Ejecutivo no insistirá en expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero tampoco hay muestras de un diálogo entre Morales, Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana.

Una fuente diplomática que asistió a la reunión convocada por el presidente, comentó que, asistido de una pantalla, el mandatario les habló de un allanamiento erróneo que se intentó hacer en la Casa Presidencial,  que el exvocero de la Cicig emitió comentarios inapropiados y que estuvo en un lugar que no le correspondía.

También tiene que ver el manejo del caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Además, el embajador de Guatemala ante el Reino Unido, Acisclo Valladares, reveló otras razones durante el programa Con Criterio, transmitido el jueves último  en Radio Infinita.

Según Valladares, la Cicig y el MP buscan fechas precisas para presentar un antejuicio contra el mandatario, y que coincidan con actos importantes.

Por ejemplo, Valladares recriminó que la conferencia de prensa de Velásquez y Aldana, el 25 de agosto, fue a la misma hora en que Morales tenía su reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Gutérres.

La sección de prensa de la  Cicig dijo que no hay comentarios al respecto, y el MP respondió varias.

No habrá insistencia

El vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que no se insistirá en sacar a Velásquez del país.

Después de participar en el 144 aniversario de la Escuela Politécnica, el funcionario comentó: “De momento estamos esperando todo el proceso que ya se dio, hay una situación planteada ante la Organización de Naciones Unidas y esperaremos las resoluciones”.

Agregó que  no han tenido ninguna comunicación con  Guterres, secretario general de esa organización

Cabrera dijo que la próxima semana se retomarán los gabinetes en los departamentos, específicamente el 6 o 7 de septiembre se desarrollará uno en Petén. “No se afectó al país, los afectados somos los guatemaltecos. Venimos sintiendo  dificultades en los procesos económicos, jurídicos y judiciales que no caminan”, añadió.

Reformas constitucionales

El Gobierno argumenta que la Cicig hizo uso del derecho de petición en materia política, lo que le corresponde a los guatemaltecos, en lugar de hacer recomendaciones que, según el mandato, sí las puede hacer, en cuanto a las reformas constitucionales.

En marzo, diputados del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), afirmaron que había presiones para aprobar dichas modificaciones.

Armando Melgar Padilla y Juan Manuel Giordano, figuras que han sido señaladas, dijeron que las presiones no son con llamadas, sino con “acciones contra congresistas”.

El comisionado también hizo “llamados públicos” para aprobar las reformas y alegan que hubo presión a los diputados.

El 26 de abril del 2017, Velásquez expuso: “Existen grupos que se aprovechan de controversias en las reformas constitucionales para mantener el statu quo y continuar con el goce de la impunidad de la que tanto han gozado”.

La propuesta de reformas constitucionales sigue estancada en el Congreso.

Presunción de inocencia

Otro argumento del presidente Jimmy Morales es  que  el comisionado ha imputado delitos en las conferencias de prensa y se hacen “juicios de valor”, lo cual está prohibido por la ley de Antejuicio artículo 16.

En las conferencia  se hacen impugnaciones, aseguran.

Sin embargo, el 26 de agosto último, Velásquez lo que indicó, en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación, es que con la presentación de un informe tardío del partido se pretendió reconstruir la contabilidad, pero no “desdibuja” la probable configuración del delito de financiación electoral ilícito.

“Las conferencias de prensa se hacen por transparencia, en casos que no tienen reserva. Las audiencias en los juzgados son públicas, excepto las que se declaran reserva. Los delitos que se indican en las conferencias son por los que se obtienen las ordenes de aprehensión”, responde el MP.

Estrategia en el caso TCQ

El problema esgrimido es que, en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), no se esperó el comiso para poder llegar al final del delito —que implicaba explotar la terminal para que toda esa inversión fuera parte del instrumento del delito—, sino que se recomendó la extinción de dominio, lo que podría llevar al Estado a un juicio internacional por millones de Dólares.

Según el Ejecutivo, la Cicig y el MP propusieron la estrategia de extinción de dominio, cuando no encajaba  porque no se buscaba la procedencia lícita o ilícita del dinero que sirvió para pagar sobornos, y que dicha estrategia fue propuesta al interventor y a la Procuraduría General de la Nación.

El Gobierno cree que no existió en el caso una persecución penal como debió darse, para llegar al comiso y a la pérdida de todos los instrumentos del delito.

A los embajadores, por ejemplo, el gobernante expuso que el mal manejo del caso podría llevar al país a pérdidas, al tener que pagar una multa a compañías extranjeras. Inclusive, Morales habló de que se podría afectar a tres bancos.

Estiman que US$220 millones o más se podrían perder en un juicio internacional.

Julia Barrera, vocera del MP, afirmó que no tiene nada que ver un juicio internacional con la extinción de dominio.

“Para el comiso hay que esperar sentencia condenatoria, la extinción de dominio es una vía autónoma”, informó.

En junio último, 12 meses después de que la TCQ fue intervenida por orden judicial, las medidas precautorias fueron eliminadas por el Juzgado de Extinción de Dominio.

Presencia de la Cicig en manifestación

on fotografías, el presidente Jimmy Morales afirmó al cuerpo diplomático,  que el entonces vocero de la Cicig, Diego Álvarez, participó en una manifestación frente a la Casa Presidencial en marzo último, cuando ocurrió la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 menores.

Diversas organizaciones que convocaron a la propuesta precisaron que, entre las motivaciones, era el  esclarecimiento de la tragedia y la renuncia del mandatario guatemalteco.

Noticiero Guatevisión, al cubrir la protesta al final de la tarde, entrevistó a Álvarez.

“Los ojos del mundo están puestos en este momento sobre Guatemala.

Es una tragedia muy grande, muy  dolorosa que no puede pasar desapercibida, que no   podemos dejar de lado”, dijo el entonces vocero de la Comisión.

“Todos debemos unirnos y venimos como Cicig a expresar nuestra solidaridad y profunda tristeza a las familias de las niñas, y sobre todo,  nuestra solidaridad con el pueblo de Guatemala”, dijo Álvarez en esa ocasión a Guatevisión, sin opinar acerca del Gobierno o manifestar alguna petición en específico.

divulgación de detalles y críticas

Cualquier resolución polémica de un juez, así como los casos de corrupción, son ventilados en los medios de comunicación, se queja el Gobierno.

Los fallos judiciales han sido bastante criticados, afirman, y ponen de ejemplo el caso del  juez Mynor Moto, quien declaró el sobreseo provisional del proceso contra los sindicados en el caso Bufete de la Impunidad.

Según el comisionado Iván Velásquez, esa resolución no tuvo ningún apoyo en las evidencias que, incluso, fueron públicas y que se vieron desde el día después de que explotaron los casos de corrupción.

“Ya se han presentado tanto por el MP como por la Cicig los recursos correspondientes pero creo que no hay ningún apoyo en las evidencias para haberse adoptado una decisión como la que tomó ese señor juez tercero”, aseguró entonces.

“El MP, como sujeto procesal, si considera que una resolución o una sentencia no está apegada a derecho, tiene la facultad establecida en ley de impugnar el fallo. Además, por transparencia, de debe mantener informada a la ciudadanía de las acciones que se realizan“, considera el ente investigador.

Fechas específicas para presentar antejuicios

Se menciona también el hecho que la Cicig y el MP habrían retardado por tres meses el expediente de un antejuicio contra el presidente, por el caso Hogar Seguro, para trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el día que el gobernante regresaba de un viaje a Francia y estaba por salir a EE. UU. para reunirse con el vicepresidente de ese país, Mike Pence.

La denuncia contra Morales fue presentada el 14 de marzo, por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán.

Morán, de la bancada Convergencia, consideró que, por jerarquía, él era el responsable de establecer qué hacer luego de los disturbios del 7 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El 12 de junio, tres meses después, el MP anunció que trasladaría dicha solicitud a la CSJ, cuando Morales regresaba de Francia, y se preparaba para viajar a EE. UU.

Además, se alega que el antejuicio presentado el 25 de agosto de este año se hizo en una conferencia a la misma hora de la reunión con el secretario general de la ONU.

El Gobierno ve uso mediático de la acusación penal, y cree que todo fue preparado para que coincidiera con las reuniones de Jimmy Morales.

“El MP presenta los casos cuando la fiscalía a cargo de la investigación está lista, y se han recabado diversas evidencias que logran ser indicios tanto en la perpetración del delito, como de los supuestos responsables”, explica el ente investigador.

Diligencias en el lugar equivocado

Con un video de una cámara de vigilancia, el gobernante explicó un “error” que apunta más hacia el Ministerio Público que hacia la Cicig. Se trata  una diligencia en la Casa Presidencial, a principios de noviembre del año pasado,  cuando debía ser en la Guardia Presidencial, ubicada en el Cuartel de Matamoros.

Los fiscales llegaron antes a las instalaciones de la Casa Presidencial —Sexta Avenida, entre 5a. y 6a. calles, zona 1—, porque tenían conocimiento de que la Guardia Presidencial tiene “permanencia” en ese edificio.

Se trata de un caso de lavado de dinero del cual no se tiene más detalles.

“Agentes especializados de la Policía Nacional Civil, responsables de hacer la identificación de lugares, ubicaron ambas locaciones como áreas de acción y operación de la Guardia Presidencial, y emitieron el informe al Ministerio Público”, explicó el ente investigador.

Falta de lucha contra el narco

El presidente Morales y sus asesores cercanos creen que la Cicig y el MP no ha dado el acompañamiento necesario en cuanto al combate al narcotráfico se trata. Inclusive, ven una “ausencia absoluta de la acusación penal” en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, donde se han erradicado millones de plantaciones de amapola.

Creen que los ministerios de Gobernación y la Defensa los que han trabajado casi solos en este frente.

“Hay una lucha conjunta constante entre MP, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil”, explicó Julia Barrera, vocera del MP.

“Las incautaciones y erradicaciones lo demuestran, y en el caso del MP, se encuentra realizando la investigación en todos los casos”, aseguró.

No se acciona contra Codeca

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), de por sí, es un dolor de cabeza para el Gobierno, debido a varias veces que ha bloqueado carreteras con diferentes demandas.

Codeca es una organización señalada del robo de energía eléctrica para revenderla en varias comunidades del occidente totalmente fuera del mercado regulatorio, según el Gobierno, que la cataloga  como una “mafia organizada” y un “grupo criminal”, por lo que cree que la Cicig debe investigarla, al igual que el MP con mayor fuerza.

“Sí hay denuncias por robo de energía eléctrica y se encuentran en investigación”, comunica el Ministerio Público al respecto.

Codeca ha pedido la nacionalización de los recursos y la renuncia de Morales.

Uso “abusivo” de la prisión preventiva

Ha sido queja recurrente de varios señalados en casos de corrupción, no solo del gobierno del Partido Patriota, sino, por ejemplo, en el caso IGSS-Pisa, que los procesos transcurren a paso lento, mientras los procesados deben esperar apertura a juicio en prisión preventiva.

El supuesto uso “abusivo” de esas resoluciones para demostrar que “hay avances” y dar “apariencia de castigo” es otro de los elementos que el Gobierno tomó en cuenta en contra de Velásquez.

Al respecto, el MP indicó: “ El Ministerio Público hace sus peticiones. No obstante, quienes decide las medidas de coerción son los jueces. El MP objeta en los casos donde se considera que existe peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de los hechos”.

informacion tomada de prensalibre.com

No hay comentarios