ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. “LIBRE ACCESO A… Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO”.

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La constitución política de la república de Guatemala es la máxima ley del Estado de Guatemala, de ella emana toda la gama de leyes que se conocen y que constituyen el sistema jurídico del país, toda ley inferior a la constitución tiene un sustento o fundamento en la constitución, cualquier violación a cualquier ley conlleva una consecuencia jurídica y consecuencia mayor la violación a cualquier disposición plasmada en la constitución, pues se atenta contra el mismo sistema jurídico del país.

El libre acceso a cualquier dependencia pública es un derecho reconocido por la constitución como un derecho humano de carácter individual pues en su caso atenta contra la persona que en calidad de interesada acude a cualquier dependencia del Estado y se le impida tal acceso, pero una actitud de esa naturaleza puede convertirse en una violación a un derecho social o colectivo al vedarse el acceso a un determinado grupo de personas e incluso a la población en general, lo cual es aún más perjudicial para la población y una consecuencia jurídica mayor para quien restringe ese derecho constitucional.

El estado en su conjunto está constituido por todos los órganos administrativos así como entidades descentralizadas y autónomas, no se debe confundir el término estado con organismo ejecutivo o con gobierno como comúnmente se dice, el organismo ejecutivo es el órgano del estado que se encarga de ejecutar los recursos del estado en beneficio de la colectividad y con el fin de realizar el bien común, un gobierno lo constituyen las autoridades electas popularmente para el ejercicio del poder durante un determinado periodo de tiempo, de esa cuenta que existen políticas de gobierno y políticas de estado, cuya diferencia radica en que las políticas de estado se encuentran institucionalizadas y no son objeto de modificación, además de ser permanentes, mientras que las políticas de gobierno son acciones de manera temporal que ejecuta un determinado grupo de personas durante el periodo de tiempo para el cual fueron electos o nombrados y que constantemente son objeto de modificación por cada gobierno de turno, lo mismo sucede a nivel local con los gobiernos municipales, y es ahí donde los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio del poder que se les ha conferido, abusan del mismo, realizando actos o acciones en perjuicio de los gobernados o población.

La semana recién pasada se evidenció una restricción o violación a ese derecho humano al libre acceso a las dependencias del estado pues se pudo observar la prohibición de subir al segundo nivel de la municipalidad de Jalapa, lugar donde se ubican oficinas a las cuales diferentes usuarios deben acceder para la obtención de diferentes documentos o autorizaciones que sin demora alguna deben dar las autoridades municipales, extraoficialmente se supo que tal restricción obedece a que el señor Alcalde ya no desea atender peticiones de la población y ordenó prohibir el acceso a su despacho, medida a todas luces violatoria de un derecho humano reconocido por la constitución y una medida contraria a los intereses políticos del funcionario, cuya administración desde su inicio ha estado plagada de desaciertos administrativos, legales y políticos.

Al parecer se obtuvo la versión oficial de la medida adoptada, a través del Director Municipal de Comunicación Social, que por cierto denota total incapacidad para desempeñar el cargo, quien confirmó que el señor Alcalde ordenó la medida, esto en virtud de que ya no atenderá más solicitudes de vecinos para la realización de obras por parte de la Municipalidad y que ya no estaba dispuesto a atender las peticiones de la población jalapaneca, el libre acceso no se limita solamente a una oficina pública sino por ende a la atención que las personas que laboran dentro de esa oficina pública deben de brindar y el despacho del señor Alcalde municipal y él en calidad de funcionario público electo para ejercer las funciones de Alcalde están obligados primero a abrir las puertas de la Municipalidad para el pleno uso de la población y segundo a atender las demandas o necesidades de la población y así brindar ese libre acceso que la constitución reconoce como derecho humano y no caer en el abuso de poder, cuyo control está a cargo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien hasta el momento no ha hecho pronunciamiento alguno.

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